El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzó este jueves un mensaje de presión al advertir, a través de una publicación en X, que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, señalando directamente a figuras como Nicolás Maduro y Rubén Rocha Moya.
Tras el anuncio de los cargos presentados por el Departamento de Justiciade Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes lanzó una advertencia dirigida a líderes políticos y actores públicos presuntamente implicados en redes de narcotráfico, afirmando que ninguno quedará impune y que las acciones para llevarlos ante la justicia estadounidense “apenas comienzan”.
El mensaje fue difundido este jueves a través de una publicación en la red social X, en la que el organismo legislativo, que preside el congresista republicano Brian Mast, afirmó: “Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Esto es solo el comienzo”.
Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación formal contra 11 funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre ellos el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, así como mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
Funcionarios señalados y cargos imputados
La acusación, presentada ante un tribunal federal, incluye además a Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Todos ellos enfrentan señalamientos por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Al gobernador de Sinaloa se le atribuyen cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, las penas en su contra podrían llegar a cadena perpetua o, de manera alternativa, a una condena mínima obligatoria de 40 años.
La denuncia también expone que Rocha Moya habría llegado al poder mediante un pacto “político-criminal” en las elecciones de 2021, en el que supuestamente participó el grupo conocido como Los Chapitos.
Tras la divulgación del documento, Rocha Moya rechazó los señalamientos: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”.
Respuesta del gobierno federal y defensa de soberanía
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este jueves el tema al confirmar que sostuvo una llamada con el gobernador tras conocerse las solicitudes de extradición enviadas por autoridades estadounidenses.
La mandataria afirmó haberle transmitido un mensaje directo: “Si no hay nada, pues no hay nada que temer”, reiterando que cualquier proceso debe sustentarse en pruebas claras.
Subrayó además que el gobierno federal no protegerá a ningún funcionario en caso de que se acrediten delitos. “Si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
La mandataria también expuso que, de hallarse evidencias contra Rocha Moya, cualquier proceso implicaría necesariamente un desafuero. A la par, defendió la soberanía mexicana en la relación bilateral con Estados Unidos y advirtió sobre la posibilidad de un uso político de las imputaciones.
“Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro”, afirmó.
En su mensaje, Sheinbaum aseguró que la postura del Ejecutivo federal se sustenta en los principios de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y lanzó una advertencia: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
El pasado martes, el gobierno recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y turnadas ayer a la Fiscalía General de la República.
Ese mismo día, señaló Sheinbaum, el Distrito Sur de Nueva York difundió públicamente el levantamiento de cargos contra los 10 ciudadanos mexicanos, lo que provocó que México emitiera un extrañamiento formal por haberse violado la “estricta confidencialidad” que exigen los tratados internacionales en materia de extradición.
