La jueza Katherine Polk otorgó dos meses a la Fiscalía para presentar las pruebas contra el exsecretario de Seguridad de Rocha Moya.
La jueza Katherine Polk otorgó un plazo de dos meses a la Fiscalía de Estados Unidos para procesar las pruebas por narcotráfico contra el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa compareció encadenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York vestido con traje caqui y encadenado de pies y manos. La sesión tuvo una duración aproximada de 20 minutos.
De acuerdo con testigos, la jueza Katherine Polk afirmó que “hay abundante evidencia” de los vínculos del exsecretario de Seguridad Rocha Moya con el crimen organizado.
Cargos contra Gerardo Mérida Sánchez
De acuerdo con el expediente judicial, las acusaciones principales incluyen:
Conspiración para el narcotráfico: Presunta filtración de información sobre operativos de seguridad a la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.
Posesión de armas ilícitas: Cargos relacionados con armamento prohibido.
Cohecho: Recepción de sobornos mensuales en efectivo superiores a los 100,000 dólares (unos 1.7 millones de pesos) para facilitar el movimiento anticipado de drogas y equipos.
Mérida Sánchez, quien estuvo al frente de la seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses a mediados de mayo y se declaró no culpable.
¿Qué implicaciones políticas tiene el caso Rocha Moya?
La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y miembros de su gabinete recibieron sobornos del crimen organizado a cambio de protección.
Esta investigación involucra a otros excolaboradores como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, quien también se encuentra en negociaciones con la justicia estadounidense.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Washington no ha presentado evidencias suficientes para justificar las detenciones y extradiciones solicitadas. Además, la mandataria acusó al gobierno de Donald Trump de utilizar el caso de manera política para influir en las elecciones intermedias de 2027.
La defensa del militar, encabezada por la exfiscal Sarah Krissoff, utilizará el periodo otorgado para revisar el volumen de evidencias recopiladas por los fiscales antes de la próxima audiencia, programada para el 4 de agosto.
(Con información de El País)
