Comondú encabeza el posible daño a la Hacienda Pública: La Paz, Loreto y Mulegé también están bajo investigación.
La Paz, Baja California Sur.- En una entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, las cuentas públicas de varios municipios quedaron bajo una pesada sombra de sospecha.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que cuatro de los cinco ayuntamientos de Baja California Sur acumulan 141 millones, 104 mil 351 pesos, del gasto federalizado que no han podido justificar.
Se trata de recursos públicos destinados a obras, infraestructura y programas sociales, cuyo destino hoy permanece en una zona gris administrativa.
El informe forma parte de la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, mecanismo con el que la ASF revisa el uso del dinero que el gobierno federal entrega a estados y municipios.
El resultado de la fiscalización es el siguiente: contratos sin evidencia, obras sin actas de entrega, bitácoras incompletas y documentación inexistente. El municipio con la mayor cantidad de recursos observados es Comondú, donde la ASF detectó 60 millones 867 mil 149 pesos pendientes por aclarar.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2024-D-03001-19-0527-2025, en tres contratos pagados con participaciones federales, el ayuntamiento no presentó evidencia de los procesos de contratación ni comprobantes de los entregables, por un monto de 539 mil pesos.
Pero la observación más grave se concentra en tres contratos financiados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Las obras –relacionadas con pavimentación y rehabilitación de alumbrado público– carecen de actas de finiquito, lo que deja 60 millones 328 mil pesos sin cierre administrativo.
La ASF determinó que el municipio incumplió diversas disposiciones legales, entre ellas:
1–Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2–Ley de Adquisiciones del Estado de Baja California Sur.
3–Ley de Obras Públicas estatal.
El segundo municipio con mayores observaciones es La Paz, con 52 millones 893 mil 824 pesos pendientes de sustentar. La auditoría detectó irregularidades graves en la documentación de obras públicas, entre ellas:
1–Obras entregadas fuera de tiempo sin penalizaciones.
2–Bitácoras incompletas.
3–Ausencia de pólizas contables.
4–Falta de estados de cuenta y transferencias electrónicas.
5–Actas de entrega-recepción inexistentes.
6–Finiquitos que no corresponden al contrato original.
En términos simples, los expedientes de varias obras están incompletos o no existen, lo que impide comprobar si el dinero fue utilizado conforme a la ley. La ASF concluyó que el municipio incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas estatal.
En Loreto el problema es aún más delicado. La auditoría señala que 21 millones 682 mil 577 pesos no cuentan con registros contables ni documentación comprobatoria, por lo que se desconoce el destino final de esos recursos.
Entre las irregularidades detectadas figuran contratos para construcción de cuartos de vivienda social financiados con FAISMUN. La ASF encontró que:
1–No se acreditó la propiedad de 20 cuartos construidos por 6.6 millones de pesos.
2–Otros 20 cuartos por 6.6 millones tampoco cuentan con documentación legal.
3–15 cuartos adicionales por 5 millones de pesos carecen de respaldo.
4–10 cuartos más por 3.3 millones presentan la misma irregularidad.
En todos los casos faltan bitácoras de obra, oficios de terminación y documentos que acrediten la propiedad de las viviendas.
En Mulegé, la ASF detectó 5 millones 660 mil 800 pesos pendientes por aclarar. El problema se origina en un contrato financiado con recursos del FAISMUN en el que no existe bitácora de obra, acta de finiquito ni acta de extinción de obligaciones.
Por ello, el organismo fiscalizador concluyó que el municipio incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas estatal. Más allá de los montos observados, la auditoría federal revela un problema más profundo.
En una evaluación del sistema de control interno, Baja California Sur obtuvo apenas 28 puntos de 100 posibles. Este resultado significa un alto riesgo de que los recursos públicos no se ejerzan conforme al marco jurídico.
El gasto federalizado corresponde a los recursos que el Gobierno federal transfiere a estados y municipiosmediante participaciones y aportaciones para financiar:
–infraestructura.
–servicios públicos.
–programas sociales.
–educación.
–salud.
Cuando esos recursos no pueden ser comprobados, la ASF lo clasifica como “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública”. En Baja California Sur, la cifra ya supera los 141 millones de pesos. Por ahora, los municipios señalados tienen la oportunidad de aclarar o solventar las observaciones ante la ASF. Pero mientras eso no ocurra, más de 141 millones de pesos del dinero público permanecen en la incertidumbre.
