Junto al presidente municipal de Los Cabos, también podrían ser removidos la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O y el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana tras una denuncia por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
La empresa inmobiliaria “Los Zalates de Cabo” interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) por los hechos ocurridos el pasado sábado 31 de enero en el fraccionamiento “Fundadores de Cabo”, en Cabo San Lucas, lo que podría derivar en la destitución e inhabilitación de diversos funcionarios públicos, tanto municipales como estatales.
De acuerdo con la denuncia, los hechos encuadran en los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, al considerar que los funcionarios señalados habrían ejercido violencia sin causa legítima, en el desempeño de sus funciones, tal como lo establece la legislación penal vigente.
Los funcionarios públicos imputados son:
- Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos
- Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos
- Karina Jesús de la O Uribe, delegada de Cabo San Lucas
- María Alejandra Cota de la Toba, elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, Zona Sur
- Felipe Chávez Peñaloza, jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigación Criminal
- Andrés Alonso Campos, comandante regional de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, Zona Sur
Además, en la denuncia también se menciona a la ciudadana y abogada Karen “N”.
La empresa denunciante informó que el proceso legal no se limitará al ámbito estatal, ya que también se presentarán denuncias ante tribunales de la Ciudad de México con juzgados federales, al considerar que ello brinda mayores garantías de imparcialidad y certeza jurídica.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron cuando personal del Ayuntamiento de Los Cabos, que dirige el alcalde Christian Agúndez Gómezencabezado por el secretario general Alberto Rentería Santana, acudió al fraccionamiento “Fundadores de Cabo” con maquinaria pesada propiedad del propio Ayuntamiento, con la finalidad de derribar una pluma de acceso e intentar demoler la caseta de vigilancia del lugar.
De acuerdo con testimonios de vecinos, el operativo se realizó con la participación de fuerza pública municipal, así como elementos de la Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales, algunos de ellos encapuchados, portando armas largas y desplazándose en vehículos oficiales y particulares con cristales polarizados, lo que generó temor entre los habitantes del fraccionamiento.
“Sentimos mucho miedo al ver cómo querían ingresar a nuestro fraccionamiento. Parece que no quieren que haya pluma ni caseta para darle libre paso a los delincuentes y que puedan meterse a nuestras casas”, señaló uno de los vecinos, quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad.
Será la PGJEBCS la encargada de determinar la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios señalados, así como las posibles sanciones, que podrían incluir destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
