El desafuero requeriría de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados (dos tercios), algo que Morena tiene actualmente con sus aliados.
Legisladores de Morena pusieron en duda la viabilidad de iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El tema ha generado un intenso debate al interior del partido, donde algunos consideran que no existen elementos suficientes en México para proceder legalmente, mientras otros advierten la necesidad de revisar el caso con mayor profundidad.
Cuestionamientos sobre el alcance legal
Diputados señalaron que las imputaciones provienen de una autoridad extranjera, lo que plantea dudas sobre si estas pueden ser utilizadas directamente para iniciar un proceso en el Congreso mexicano.
El desafuero, mecanismo que permite retirar la inmunidad a un funcionario público, requiere la existencia de una investigación sólida dentro del país, así como una solicitud formal por parte de la Fiscalía General de la República.
Llamados a respetar el debido proceso
Algunos legisladores insistieron en que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, evitando decisiones apresuradas basadas únicamente en señalamientos externos.
En ese sentido, destacaron que cualquier acción debe sustentarse en pruebas y procedimientos conforme a la legislación mexicana, para evitar politizar el caso.
Presión política y exigencias de claridad
Otros actores políticos han planteado la necesidad de esclarecer las acusaciones, al considerar que la gravedad de los señalamientos amerita una revisión exhaustiva.
El caso ha provocado cuestionamientos sobre la credibilidad institucionaly el impacto que podría tener en la percepción pública de las autoridades.
Un escenario complejo entre dos sistemas legales
La situación refleja la complejidad de articular procesos entre el sistema judicial de Estados Unidos y el marco legal mexicano, especialmente cuando se trata de funcionarios en activo.
Las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa han colocado el tema en el centro de la agenda política, pero su tratamiento jurídico aún enfrenta múltiples obstáculos.
Lo que podría venir
El avance del caso dependerá de si autoridades mexicanas abren investigaciones formales o si se presentan solicitudes oficiales que permitan activar el proceso de desafuero.
Mientras tanto, el debate continuará dentro del Congreso, donde Morena deberá definir una postura clara frente a uno de los casos más delicados en el ámbito político reciente.
La resolución del tema podría marcar un precedente sobre cómo se abordan acusaciones internacionales contra funcionarios mexicanos en funciones.
Con información de La Jornada
