Autoridades de Estados Unidos acusan a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
Autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales. El documento los señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de delitos relacionados con narcóticos, armas de fuego y presuntas operaciones criminales dentro de estructuras gubernamentales.
Funcionarios señalados en la acusación
De acuerdo con el expediente difundido por autoridades de Estados Unidos, los señalados son diez personas que han ocupado cargos de alto nivel en el gobierno estatal y en corporaciones de seguridad en Sinaloa.
Entre ellos se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador y exsecretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, así como el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega.
También aparecen el fiscal general adjunto de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra, el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés, y Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, también exjefe policial.
La lista incluye al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, al exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y al excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
El documento señala que los acusados habrían operado en distintos niveles de gobierno y seguridad en Sinaloa, presuntamente utilizando sus cargos para facilitar actividades vinculadas a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Según la investigación citada, Rubén Rocha Moya habría sido electo gobernador en 2021 con presunta intervención del grupo criminal, mediante acciones de intimidación contra rivales políticos.
Delitos imputados por las autoridades estadounidenses
Las imputaciones incluyen principalmente tres delitos base para la mayoría de los señalados: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos.
En el caso de Rubén Rocha Moya, las autoridades lo acusan de conspiración para la importación de narcóticos y delitos relacionados con armas de alto poder, con una posible pena de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Los mismos cargos se atribuyen a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan de Dios Gámez Mendívil, todos con posibles penas de cadena perpetua o condenas mínimas de 40 años.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, además de los cargos por narcotráfico y armas, se le imputan delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho delito, con una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Contexto de la acusación
Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura señalada habría permitido la operación del crimen organizado dentro de instituciones estatales, aprovechando cargos públicos para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el uso de armas de alto calibre.
Hasta el momento, la información corresponde a una acusación presentada por autoridades de Estados Unidos y forma parte de un proceso judicial en desarrollo.
