La Contraloría estatal investiga a exfuncionarios y servidores activos por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar incrementos patrimoniales injustificados
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de la Contraloría del estado de Baja California Sur mantiene abiertas 3 investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y enriquecimiento oculto en contra de exservidores públicos y funcionarios en activo, como parte de los procedimientos de verificación patrimonial que se han intensificado en el último año. Estas acciones buscan detectar incrementos en el patrimonio que no correspondan con los ingresos legales declarados por los servidores públicos.
La contralora estatal, Rosa Cristina Buendía Soto, confirmó que durante el año pasado se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción contra 2 exservidores públicos, luego de identificar una evolución patrimonial considerable sin justificación. “Advertimos esta evolución patrimonial y denunciamos por el delito de enriquecimiento ilícito”, señaló la funcionaria, aclarando que los casos siguen en etapa de investigación y aún no han sido judicializados.
Además, en el presente mes se interpuso una denuncia adicional contra un servidor público de la administración actual, con un cargo de nivel medio-alto. Aunque los detalles se mantienen bajo reserva para no afectar el debido proceso, la contralora aseguró que se aportaron elementos documentales sólidos que sustentan la denuncia penal, mientras de forma paralela se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.
“Esos son 2 casos de exservidores públicos y este mes presentamos un caso de un servidor público de la actual administración. No primer nivel, pero es un nivel medio-alto, le podemos llamar. Sí, este, ya está la denuncia ante el fiscal anticorrupción. En los próximos días se solicitará ya por parte de él la judicialización”, detalló la funcionaria.
Buendía Soto explicó que estas investigaciones se apoyan en un sistema de análisis patrimonial y en denuncias ciudadanas, muchas de ellas anónimas. Asimismo, destacó que desde 2022 se firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual permite acceder a información financiera para corroborar posibles irregularidades en cuentas bancarias de los investigados.
En el ámbito administrativo, los mismos hechos pueden ser sancionados como enriquecimiento oculto, una falta considerada grave. De acreditarse, los expedientes son turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar sanciones como la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Actualmente, varios servidores públicos en activo continúan bajo verificación patrimonial, a la espera de los resultados finales de las investigaciones.
Denuncia Contraloría de BCS a 3 exservidores públicos por enriquecimiento ilícito
