Alejandro Moreno solicitó al Departamento de Estado sancionar a consejeros del INE bajo la Ley Magnitsky por prohibir llamar “narcopartido” a Morena.
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, interpuso denuncia este lunes a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusándolos de censura política.
Alito Moreno denuncia a consejeros del INE por censura
Alejandro Moreno Cárdenas solicitó revisar las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómezmediante la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
El líder opositor acusó al grupo de cometer actos de censura tras ordenarle retirar publicaciones digitales donde calificaba a Morena como “narcopartido”.
Según el dirigente del PRI, la legislación norteamericana faculta al gobierno estadounidense para aplicar sanciones punitivas:
- Restricción y revocación inmediata de visados de entrada a territorio estadounidense.
- Imposición de sanciones económicas directas a personas implicadas en violaciones a derechos humanos o corrupción.
Como antecedente, Moreno recordó que en julio de 2025 Estados Unidos retiró la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes tras acreditar señalamientos por represión a la libertad de expresión y persecución política.
¿A qué otras instancias internacionales acudirán?
El senador tricolor sostuvo que el organismo electoral mexicano opera “sometido y al servicio del gobierno”. Por ello, anunció que la solicitud ante el Departamento de Estado de Estados Unidos no será el único recurso internacional para combatir el fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
“Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado”, declaró el político opositor.
El plan de acción legal del partido contempla presentar denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Paralelamente, el proceso de desafuero contra el dirigente de la oposición continúa en análisis dentro del marco legislativo nacional.
(Con información de redes sociales)
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