La ASF implementa un nuevo modelo de “auditoría integral” que revisará, por primera vez, al 100% los recursos ejercidos por las dependencias federales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició 31 expedientes de investigación que derivaron en 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible daño al erario público que supera los 600 millones de pesos e involucraría a 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Así lo informó Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, al destacar los resultados obtenidos durante sus primeros 100 días de gestión y la entrega de los primeros informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
Estos resultados son producto de las nuevas atribuciones otorgadas por la Cámara de Diputados y el Senado. Ahora, la ASF tiene la capacidad de investigar directamente las irregularidades, reduciendo drásticamente los tiempos burocráticos.
“Las 31 investigaciones son resultado de las modificaciones legales (…) Antes, un proceso de investigación nos llevaba cerca de dos o tres años tan solo para poder empezarlo”, explicó Hernández Palacios Cardel.
La FGR será la autoridad encargada de determinar la responsabilidad legal de los 30 servidores públicos ya identificados en estos expedientes.
Recuperación histórica de recursos para municipios
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor también resaltó el éxito en las auditorías realizadas -las cuales no han concluido- a los 32 estados de la República y a la Secretaría de Hacienda.
El balance de transferencias incluye:
- Se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos.
- Se auditaron 2 mil 478 municipios y alcaldías.
- Se distribuyeron correctamente más de 300 mil millones de pesos.
- Sólo quedó por aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos en una entidad federativa.
Gracias a la intervención temprana de la ASF, se logró recuperar de forma inédita el dinero que no había sido transferido a varios municipios antes de concluir las auditorías.
Adiós a las auditorías fragmentadas: Llega el modelo integral
Para garantizar una mayor transparencia, la ASF implementó un cambio radical en su esquema de fiscalización. El organismo abandonó las auditorías fragmentadas para adoptar un modelo de auditoría integral, que, de acuerdo con el auditor, le permitirá revisar el 100% de los recursos ejercidos por una entidad pública, adoptando así las mejores prácticas internacionales.
Este nuevo modelo ampliará el alcance de la ASF en todo el país:
- 2 mil 244 auditorías programadas para este año (209 en el ámbito federal).
- 100% de las dependencias federales serán auditadas por primera vez.
- Mil 733 entes públicos revisados en todos los niveles de gobierno.
- Mil 276 municipios y alcaldías fiscalizados a nivel estatal.
Para lograr esta cobertura histórica, que abarca más de la mitad de los gobiernos municipales del país, la ASF firmó convenios de colaboración con 30 auditorías estatales, a fin de garantizar que todos los municipios rindan cuentas bajo la misma estricta metodología.
ASF impulsa la profesionalización y lanza guía para sancionar
Como parte de su nueva visión de trabajo, la ASF también apostará por la prevención y la capacitación. A través de su centro de estudios, buscará la profesionalización de los servidores públicos que administran y ejercen los recursos.
Para avanzar en esta ruta, el miércoles 1 de julio se instalará formalmente el Comité de Gestión de Competencias, el cual emitirá las primeras cinco certificaciones con valor y reconocimiento oficial:
- Administración y ejercicio de los recursos públicos con enfoque en el cumplimiento normativo.
- Control interno y administración de riesgos en la gestión pública.
- Integración y gestión de expedientes para la comprobación del gasto público.
- Contrataciones públicas y administración de contratos.
- Atención de auditorías y seguimiento de observaciones.
“Ahora los tesoreros y tesoreras municipales, así como cualquier persona servidora pública que administre o ejerza recursos públicos, podrá contar con una certificación que avale sus competencias para el servicio público”, destacó el titular.
Finalmente, para garantizar que la fiscalización trascienda y se castigue a los responsables, la dependencia desarrolló la guía “Documentar para sancionar”. El objetivo es que el trabajo de auditoría contribuya a que las irregularidades detectadas tengan consecuencias reales.
“Esta guía representa un primer esfuerzo para homologar criterios, elementos y evidencias, por lo que será socializada con los entes encargados de revisar, sustanciar o sancionar faltas administrativas, y a su vez se enriquecerá con la participación de dichos entes”, concluyó el auditor superior.
