Un hermano del ex jefe de contabilidad del INVI admitió haber recibido recursos desviados para construir una plaza comercial valuada en más de 10 millones de pesos.
La Paz, Baja California Sur. Lo que era una investigación por presuntos desvíos millonarios en el Instituto de Vivienda (INVI) terminó convirtiéndose en un hecho sin precedentes para la justicia sudcaliforniana: por primera vez, un juez dictó una sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
La resolución judicial golpea directamente a una de las tramas de corrupción más relevantes descubiertas en los últimos años dentro de la administración pública estatal.
El sentenciado es Juan Antonio “N”, identificado por la Fiscalía Anticorrupción como hermano de quien fuera jefe del Departamento de Contabilidad del INVI, Javier Armando “N”, señalado como uno de los operadores clave en el presunto desfalco de recursos públicos ocurrido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023.
De acuerdo con las investigaciones, millones de pesos que originalmente debían destinarse a programas de vivienda terminaron siguiendo una ruta distinta. El dinero salió de las cuentas públicas y, según la Fiscalía, llegó a manos de particulares mediante una serie de transferencias bancarias.
Uno de los beneficiarios habría sido precisamente Juan Antonio “N”.
Con esos recursos, sostiene la acusación, adquirió un predio en la colonia Los Olivos, en La Paz, donde en menos de cuatro meses fue levantada una plaza comercial valuada en 10 millones 212 mil 701 pesos.
La construcción se convirtió en una de las principales evidencias de una investigación que reveló cómo recursos destinados a familias que buscaban acceder a una vivienda terminaron transformados enpatrimonio privado.
Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el imputado aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.
La sentencia impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión, pena que cumplirá en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz.
Pero la condena no se limitó a la cárcel.
Como parte de la reparación del daño, el inmueble comercial construido presuntamente con dinero públicofue entregado formalmente al Estado mediante escritura pública para reincorporarlo al patrimonio del Instituto de Vivienda.
La recuperación de la plaza comercial representa, según las autoridades, la restitución de más de diez millones de pesos que habrían sido desviados del erario. Sin embargo, el caso está lejos de concluir.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertos diversos procesos penales contra otros presuntos integrantes de la red que operó dentro del INVI.
Entre ellos figuran la ex directora del INVI, Fernanda “N”; el ex director de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”; así como Javier Armando “N”, ex jefe de Contabilidad, quien permanece recluido en elCereso de La Paz. También continúan bajo proceso los particulares Hassan “N” y Jonathan “N”.
Las autoridades sostienen que las investigaciones continúan y no descartan nuevas imputaciones conforme avance el análisis financiero y patrimonial del caso. Por ahora, la sentencia marca un precedente judicialque podría redefinir el combate a la corrupción en Baja California Sur.
La plaza comercial que alguna vez simbolizó el destino final de millones de pesos presuntamente desviados del patrimonio público hoy se ha convertido en la prueba más visible de una investigación que logró seguir la ruta del dinero hasta encontrarlo convertido en concreto, locales comerciales y propiedad privada.