La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que la reforma para bloquear a “narcocandidatos” vulneraría la neutralidad e imparcialidad del organismo al convertirlo en juez y parte de la disputa política.
Propuesta de Sheinbaum afectaría arbitraje electoral: presidenta del INE
De acuerdo con las declaraciones de Taddei en conferencia de prensa, el texto normativo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum debe mantener la separación de funciones. La funcionaria señaló que obligar a la institución a determinar por cuenta propia la probidad de una persona afectaría el rol neutral del arbitraje electoral ante los partidos políticos.
“Si el marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política”, advirtió la presidenta del INE.
¿En qué consiste la Comisión de Verificación de Candidaturas?
La propuesta, explicada previamente por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al INE. Este órgano operaría bajo los siguientes lineamientos:
Integración: Cinco consejeros electorales elegidos por el propio instituto para un periodo de tres años.
Mecanismo: La comisión solicitaría datos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Objetivo: Evaluar si una postulación presenta un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
Obligatoriedad: Quienes aspiren a una candidatura deberán firmar obligatoriamente su conformidad para ser evaluados.
Operación y estatus legal de la propuesta de la Presidencia
Según informó Presidencia, el Congreso de la Unión analizará el proyecto durante un periodo extraordinario.
El procedimiento establece que los partidos entregarán sus listas de aspirantes y el INE les notificará de forma reservada y confidencial si existe algún riesgo detectado por las instancias federales.
Alcalde remarcó que la responsabilidad final de registrar o retirar la candidatura recaerá directamente en los partidos políticos con base en los reportes recibidos. Asimismo, la consejera jurídica aclaró que la iniciativa no representa una reforma constitucional, sino una modificación directa a la Ley Electoral vigente.
(Con información de El Financiero)