Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028, en lugar de celebrarla en 2027 como estaba previsto originalmente.
El anuncio marca un nuevo ajuste en la implementación del modelo de elección judicial impulsado por el oficialismo y coloca en el centro del debate la viabilidad operativa y política de este mecanismo.
La propuesta llega después de la primera elección judicial realizada en 2025, que fue objeto de cuestionamientos por baja participación ciudadana, boletas complejas y dudas sobre la preparación de algunos perfiles electos. Ante este panorama, el aplazamiento permitiría —según el oficialismo— corregir fallas estructurales y mejorar los mecanismos de selección.
Elección en 2028: el nuevo escenario
De aprobarse la reforma, la jornada electoral judicial se realizaría el 4 de junio de 2028, y en ella se renovaría un amplio número de cargos, entre ellos magistrados electorales, jueces de distrito y autoridades judiciales locales en múltiples entidades.
Además, se plantea que futuras elecciones judiciales se empaten con otros procesos ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036, con el fin de dar mayor orden al sistema electoral.
Cambios en la reforma
La iniciativa no solo contempla el cambio de fecha. También propone una serie de ajustes de fondo:
- Creación de una Comisión Coordinadora que unifique criterios de evaluación de candidatos, verifique requisitos y aplique exámenes de conocimientos.
- Reducción del número de candidaturas en las boletas para facilitar el voto ciudadano.
- Simplificación de boletas electorales, con mayor claridad sobre el origen de cada candidatura.
- Capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados, supervisada por instancias como el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Homologación de reglas en los estados, obligando a los poderes judiciales locales a replicar criterios federales.
Ajustes operativos y nuevas regla
Entre otras modificaciones, la reforma propone:
- Permitir que elecciones judiciales y ordinarias se realicen en el mismo espacio físico, pero sin intervención de partidos políticos.
- Realizar el conteo de votos directamente en casillas.
- Adelantar la convocatoria del Senado de septiembre a abril para ampliar el tiempo de evaluación de aspirantes.
- Establecer que vacantes judiciales no se cubran automáticamente, sino hasta la siguiente elección.
Incluso se abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato, si así se solicita conforme a la Constitución.
Un rediseño en marcha
Con esta iniciativa, el gobierno de Morena busca replantear el modelo de elección judicial aprobado recientemente, apostando por un esquema más ordenado, menos complejo y con mejores filtros técnicos.
La discusión ahora pasará al Congreso, donde se definirá si México ajusta el rumbo de uno de los cambios más relevantes en su sistema de justicia en los últimos años.
Con información de Infobae