Loreto, Baja California Sur.- Cooperativas pesqueras, prestadores de servicios náuticos y organizaciones civiles lanzaron un posicionamiento público contundente contra el decreto federal que convierte a Loreto en puerto de altura y cabotaje, advirtiendo que el proyecto pone en riesgo el equilibrio ambiental, social y cultural del destino.
Con un mensaje dirigido directamente al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Unión de Cooperativas y prestadores turísticos aseguró que su postura es “clara, firme e irreversible”: exigir la abrogación inmediata del decreto presidencial.
El movimiento ciudadano sostiene que las decisiones sobre el futuro de Loretono pueden imponerse sin el consentimiento de la comunidad local, especialmente cuando está en juego una de las Áreas Naturales Protegidas más emblemáticas del país: el Parque Nacional Bahía de Loreto.
En su posicionamiento, los representantes del sector turístico advirtieron que las autoridades han intentado minimizar los riesgos ambientales y sociales del proyecto federal; sin embargo, señalaron que existen antecedentes en otros destinos turísticos donde el crecimiento impulsado desde el poder terminó generando desplazamiento social, deterioro ecológico y pérdida de identidad comunitaria.
La postura se da en medio de una nutrida movilización ciudadana que desde abril ha reunido protestas, campañas digitales, foros comunitarios y acciones legales para frenar el proyecto federal.
Incluso, este 18 de mayo, varios colectivos y familias loretanas convocaron a una convivencia comunitaria en defensa de Loreto, previo a una reunión con el gobernador del estado, en un intento por visibilizar el rechazo social que continúa creciendo.
La batalla ahora también se libra en tribunales, ya que mientras la presión social aumenta, el conflicto ya abrió un nuevo frente jurídico. El Juzgado Segundo de Distrito admitió un amparo promovido por la organización México Unido por sus Playas contra el decreto presidencial, dentro del juicio 692/2026registrado ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Aunque aún no se conocen los alcances completos de la resolución, las asociaciones civiles aclararon que la admisión del recurso no implica automáticamente la suspensión total del decreto, como se ha difundido en redes sociales.
Aun así, el caso marca un avance importante dentro de la ofensiva legal impulsada por ciudadanos, organizaciones ambientales y actores políticos que buscan frenar el proyecto.
Además del amparo, continúan en preparación otras acciones jurídicas, incluida la controversia constitucional anunciada por el Ayuntamiento de Loreto y nuevos recursos promovidos por agrupaciones ciudadanas como Unión Loreto BCS.
La oposición al proyecto federal ya superó las 211 mil firmas ciudadanas recolectadas para exigir la revocación del decreto de Puerto de Altura en Loreto, reflejando el alcance nacional que ha tomado la defensa del Golfo de California y del parque nacional.
Las organizaciones locales insisten en que no están en contra del desarrollo económico, pero sí de proyectos que comprometan los ecosistemas marinos, el turismo sustentable y la permanencia de las comunidades tradicionales que han vivido durante décadas del equilibrio ambiental de la región.
La tensión crece en Loreto y el conflicto comienza a perfilarse como uno de los movimientos ambientales y sociales más relevantes actualmente en Baja California Sur.