Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó un nuevo elemento en la discusión sobre el caso de Rubén Rocha Moya: Estados Unidos también ha negado solicitudes de extradición al gobierno mexicano.
Sheinbaum exhibe al gobierno estadounidense
Según informó en su conferencia matutina, al menos 36 peticiones de detención urgente han sido rechazadas por Washington en años recientes, todas bajo el argumento de falta de pruebas.
El señalamiento introduce un giro en el debate público, al evidenciar que el criterio exigido por el gobierno estadounidense —la presentación de pruebas suficientes— es el mismo que México aplica actualmente ante solicitudes similares.
‘La opción es pedir pruebas’
La mandataria cuestionó las posturas que reducen las alternativas del gobierno mexicano a tres escenarios: extraditar de inmediato, procesar en México o no actuar.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas”, declaró, al tiempo que añadió que cualquier ciudadano debe enfrentar un juicio justo sustentado en evidencia, sin importar su afiliación política o cargo público.
“Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, puntualizó.
En ese contexto, la presidenta reveló inicialmente 38 casos, cifra que posteriormente corrigió a 36 solicitudes rechazadas, y adelantó que la próxima semana la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán un informe detallado.
Reciprocidad, soberanía y Estado de Derecho
Uno de los puntos centrales de su mensaje fue plantear un escenario inverso para ilustrar lo que calificó como una relación desigual.
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, cuestionó.
Con ello, Sheinbaum defendió que la postura del gobierno mexicano responde a principios legales y constitucionales, no a decisiones políticas.
La presidenta insistió en que el actuar de su administración está basado en el respeto al Estado de Derecho y en la defensa de la soberanía nacional, principio respaldado por el artículo 39 constitucional.
“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene”, puntualizó.
Asimismo, rechazó que exista protección política hacia Rocha Moya por su pertenencia a Morena, al asegurar que el criterio sería el mismo para cualquier funcionario, sin importar su partido.
“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo”, afirmó.
Con información de Infobae