Los servidores públicos, cuyos nombres no fueron revelados, habrían incurrido en omisiones y retrasos en las indagatorias, lo que permitió la impunidad del agresor por varias semanas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la decisión y aseguró que la medida busca garantizar que no haya impunidad ni encubrimiento.
Señaló que los servidores públicos deberán enfrentar las consecuencias de sus actos mientras avanzan las indagatorias.
Señalamientos por irregularidades
La separación ocurre tras denuncias de la familia, que acusó posibles retrasos en la atención del caso y presuntos actos de corrupción, como solicitudes de dinero para iniciar la búsqueda.
Estas acusaciones detonaron una investigación interna para revisar el actuar de quienes participaron en las primeras diligencias.
Investigación en curso
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió tanto procedimientos administrativos como posibles acciones penales para determinar responsabilidades.
Las autoridades indicaron que la revisión no se limitará a un área específica, sino que abarcará a todos los funcionarios involucrados desde el reporte de desaparición.
Contexto del caso
Edith Guadalupe, de 21 años, desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.
Días después, su cuerpo fue localizado en el mismo edificio, lo que derivó en una investigación por feminicidio y la detención de un vigilante como presunto responsable.
Exigen justicia
El caso ha generado indignación social debido a los posibles errores en la respuesta inicial de las autoridades, considerados clave en las primeras horas de búsqueda.
Familiares han exigido que se sancione no solo al responsable directo, sino también a cualquier funcionario que haya actuado de forma indebida.
Compromiso oficial
El gobierno capitalino reiteró que se actuará con firmeza para esclarecer lo ocurrido y sancionar cualquier conducta irregular.
Además, se comprometió a reforzar los protocolos de atención en casos de desaparición, con el fin de evitar situaciones similares.
Proceso abierto
La separación de los funcionarios es una medida preventiva mientras continúan las investigaciones, que definirán si hubo responsabilidades administrativas o penales.
El desarrollo del caso será clave para determinar el alcance de las fallas denunciadas y las sanciones correspondientes.
Con información de Milenio.