El crecimiento acelerado de Los Cabos ha abierto la puerta a un negocio ilegal que hoy está en la mira de las autoridades: la venta de terrenos en zonas prohibidas. Seis presuntos promotores de asentamientos irregulares son investigados por lucrar con la necesidad de familias que buscan un lugar donde vivir.
El caso más reciente expone la gravedad del problema. En la colonia Santa Rosa del Este, decenas de personas quedaron atrapadas en un esquema irregular tras adquirir predios sin certeza jurídica, en muchos casos ubicados en zonas de alto riesgo.
Un negocio que se alimenta de la necesidad
De acuerdo con el Gobierno de Baja California Sur, los señalados operan como “líderes” que organizan invasiones y comercializan lotes en terrenos ejidales, federales e incluso en cauces de arroyo.
El mecanismo es recurrente: convencen a familias de asentarse bajo la promesa de una futura regularización. Sin embargo, cuando los ocupantes no pueden pagar o son desalojados, los mismos espacios son revendidos a otras personas, perpetuando un ciclo de explotación.
Las autoridades advierten que no solo se trata de un delito patrimonial, sino de un riesgo mortal. Muchas de estas zonas son cauces naturales que, durante lluvias, pueden convertirse en trampas para quienes ahí habitan.
Carpetas abiertas y sin acuerdos políticos
El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, confirmó que ya existen investigaciones en curso para frenar estas prácticas. Subrayó además que no hay compromisos políticos con estos grupos y que el objetivo es ir directamente contra los cabecillas.
En paralelo, la Fiscalía General de la República ya logró vincular a proceso a dos personas por la venta ilegal de terrenos en el arroyo de San José del Cabo, marcando un precedente en la persecución de estos delitos.
Estrategia: frenar invasiones y ofrecer alternativas
Más allá de las acciones legales, el gobierno estatal busca contener el problema desde su origen. La estrategia incluye fungir como mediador entre ejidatarios y compradores para garantizar transacciones legales y evitar nuevos asentamientos.
También se están atendiendo de forma inmediata las denuncias por intentos de invasión, ante el riesgo de que el problema se expanda.
El reto no es menor. Se estima que entre 40 mil y 45 mil personas viven actualmente en asentamientos irregulares en Los Cabos.
Para dimensionar el problema, las autoridades recurren al Atlas de Riesgo municipal, herramienta que identifica las zonas inhabitables por peligro de inundaciones o deslaves.
Vivienda y presión urbana
Frente a este escenario, el gobierno anunció la construcción de más de 2 mil viviendas como parte del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur durante 2026.
Sin embargo, el desafío persiste: por cada familia que podría ser reubicada a un espacio seguro, otras más intentan ocupar terrenos irregulares, impulsadas por la falta de opciones accesibles.
Incluso el problema trasciende los asentamientos. A inicios de marzo de 2026, la Profepa detuvo obras en Cabo Pulmo por operar sin permisos de impacto ambiental, reflejando un patrón más amplio de irregularidades en el uso del suelo.