La bancada de Morena en el Senado impulsó en comisiones un proyecto de dictamen orientado a favorecer la inversión mixta Estado-iniciativa privada
Ciudad de México.- La bancada de Morena en el Senado impulsó en Comisiones un proyecto de dictamen orientado a favorecer la inversión mixta entre Estado-iniciativa privada en favor de la infraestructura estratégica, aunque siempre bajo la rectoría del primero.
La bancada de Morena en el Senado impulsó en comisiones un proyecto de dictamen orientado a favorecer la inversión mixta Estado-iniciativa privada aunque siempre bajo la rectoría del primero.
Las bancadas del PAN y del PRI votaron en contra tras alegar que aumentará la de por sí abultada deuda pública y y se fomentará un gasto discrecional y sin suficiente presupuestaria; Movimiento Ciudadano no participó.
Con ironía, la senadora priista se mofó del carácter “neoliberal” que había aprobado Morena.
“El más ferviente tecnócrata de formación neoliberal recalcitrante, derramaría una lágrima de alegría al ver su doctrina aplicada, con tan ciega pasión… por los morenistas”, posteó en redes sociales.
El partido guinda y sus aliados aprobaron la expedición -que deberá consumarse en el Pleno- de una Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
Con el ordenamiento aprobado, además, el Gobierno podrá utilizar el 25 % de los fondos de pensiones en infraestructura, según explicó el senador morenista Francisco Chiguil.
“Con esta reforma se busca moviliziar parte del ahorro nacional hacia la inversión productiva. Actualmente los fondos de pensiones que se administran, equivalen a cerca de seis billones de pesos, solamente el nueve por ciento de estos montos de inversión, se invierten en montos de infraestructura, a pesar de un límite regulatorio de hasta 30 por ciento.
“Al brindar seguridad jurídica, esta ley podría incrementar la participación hasta un 25 por ciento de estos fondos de pensiones, que significaría tener 1.5 billones de pesos orientads a la infraestructura productiva”, detalló.
Su correligionario, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, resumió el contenido de la iniciativa: “en términos políticos y económicos la apuesta de fondo, como dice el dictamen, es movilizar ahorro institucional, inversión privada y financiamiento público hacia infraestructura estratégica sin perder control estatal”.
En su abono, el legislador veracruzano argumentó que, en la coyuntura de revisión del T-MEC, la imposición de aranceles, el nearshoring y una competencia cada vez más intensa para atraer inversión productiva, el País necesita infraestructura logística, hídrica, energética y multimodal a la altura de los desafíos actuales.
“En suma, este dictamen va a dotar al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico para detonar infraestructura con sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria”, aclaró.
“Va a facilitar la inversión y establecer reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que permitan movilizar capital hacia proyectos prioritarios con certeza jurídica, evaluación previa, rendición de cuentas y protección de las finanzas públicas”, detalló.
Por el PAN, el senador Raymundo Bolaños advirtió que la ley aportaba un margen muy amplio de discrecionalidad al Gobierno actual. En el grupo parlamentario reconocemos la necesidad de contar con un marco jurídico que permita detonar inversión en infraestructura ante la insuficiencia de la inversión pública, pero no es esta la ley que resolverá los problemas.
“Por el contrario, solamente someterá al país a mayores niveles de endeudamiento y a la creación de obras sin utilidad. Cuando se comprometen recursos sin reglas claras, no hay desarrollo. Hay riesgo para que el dinero de las y los mexicanos tengan una puerta abierta en la corrupción. Estamos a favor de la inversión, pero con disciplina financiera y la certeza jurídica por lo anterior”.
En el mismo tono se manifestó el senador priista Rolando Zapata, quien advirtió que la iniciativa posibilitaba la redefinición artificial del gasto público corriente, excluyendo rubros claros, con el objetivo de presentar una imagen más cómoda de las finanzas, sobre todo para efectos de calificación crediticia del país.
“Cualquier definición esencial de gasto corriente habla que se refiere a los gastos habituales de un gobierno. Y por supuesto que consideramos que los gastos habituales en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, son gastos que por definición forman parte del conglomerado de gasto corriente de un gobierno.
“Pero aquí pretende hacérsele a un lado para disminuir el volumen de gasto corriente y, con eso, generar una expectativa mayor para contratación de deuda directa o indirecta nueva. También se institucionaliza la deuda que no se reconoce, permitiendo gastar hoy y disimular el costo a través de esquemas financieros que comprometan el futuro sin registrarlo con claridad en el presente”.
Los senadores también aprobaron una figura de garantía del interés fiscal que permitirá la suspensión mientras se controvierte un crédito fiscal, de suerte que se reconocerá el derecho que tendrá el contribuyente de elegir la modañidad de garantía que mejor se adapte a su situación particular.