Fernanda N, ex directora del INVI en Baja California Sur, fue vinculada a proceso junto con otras dos personas por presunto desvío de recursos públicos.
El caso de Fernanda N y el INVI forma parte de una investigación mayor que supera los 55 millones de pesos. Foto: Rocío Casas.
La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a la ex directora del Instituto de Vivienda (INVI), por su presunta participación en un esquema de uso indebido de recursos públicos.
En el mismo expediente también fueron vinculadas otras dos personas, cuyos nombres no han sido plenamente difundidos de manera oficial, pero que estarían relacionadas con la operación administrativa y la recepción de recursos.
Estos son los motivos por los que fue vinculada a proceso a la ex directora del INVI
El 24 de marzo de 2026, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur,confirmó la vinculación a proceso de Fernanda “N”, ex directora del Instituto de Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación, se habrían autorizado pagos y transferenciassin justificación comprobable, mediante esquemas que incluían:
- Salidas de dinero bajo conceptos no acreditados.
- Posible simulación de compras o apoyos.
- Uso de terceros para dispersar recursos.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones formaban parte de un mecanismo para desviar dinero público, en el que también participaron otras dos personas vinculadas en el mismo proceso.
Estos son los montos que se le imputan
Dentro de la presunta red de corrupción se investiga el desvío de 54 millones 876 mil 222.64 pesos, de los cuales una parte habría sido dispersada a través de más de 3 mil 500 movimientos bancarios, presuntamente, mediante el uso de terceros.
De acuerdo con el fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amaro, la cantidad directamente imputada a la ex directora asciende a 762 mil pesos, relacionados con la promoción de su imagen pública.
En el mismo caso también fueron vinculadas otras personas: Juan Manuel “N”,ex director de Finanzas, a quien se le atribuye un desvío de 382 mil pesos; así como Jonathan “N”, trabajador particular, quien enfrenta cargos por, aproximadamente, un millón de pesos.
Además, las autoridades señalaron que alrededor de 20 millones de pesos fueron retirados en efectivo, recursos que hasta el momento no han podido ser rastreados.
¿Por qué el juez no dictó prisión preventiva?
A pesar de la vinculación a proceso, el juez determinó que Fernanda “N” y las otras dos personas imputadas enfrenten el procedimiento en libertad. No obstante, con fundamento en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les impusieron diversas medidas cautelares, según lo informado por la Fiscalía Anticorrupción.
Entre estas medidas se encuentran la firma periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del país y la restricción de contacto con personas relacionadas con el caso.
La decisión se debe a que los delitos que se les imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y, además, no se acreditaron riesgos suficientes como para justificar una medida más severa, como la privación de la libertad durante el proceso penal.