Integralia describe la propuesta como una reforma diluida, pero advierte que el conjunto de cambios propuestos genera un riesgo alto de inequidad que favorece directamente a Morena
Un reciente análisis de Integralia Consultores sobre la iniciativa de reforma electoral advierte sobre un panorama preocupante: aunque la propuesta parece ser de menor alcance que intentos previos, contiene elementos que sugieren una regresión democrática y una marcada inequidad en la contienda política.
Contexto: el pasado 4 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que plantea cambios en la integración del Congreso de la Unión al modificar el mecanismo de asignación de diputaciones de representación proporcional y reducir el número de integrantes del Senado.
En la Cámara de Diputados se mantiene la integración de 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional.
Sin embargo, la propuesta cambia la forma en que se asignan estas últimas 200 curules. El esquema elimina el modelo tradicional de listas cerradas registradas previamente por los partidos y establece un sistema dividido en dos bloques de cien diputaciones cada uno.
La iniciativa de reforma electoral precisa el mecanismo para integrar el segundo bloque de 100 diputaciones de representación proporcional, que se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales. Este punto no había sido desarrollado con detalle previamente y forma parte del rediseño del sistema plurinominal en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el texto, estas 100 curules no surgirán de una lista nacional previamente registrada por los partidos, sino del porcentaje de votación individual que obtengan las candidaturas en cada circunscripción. En este bloque también se integrarán las candidaturas de personas mexicanas residentes en el extranjero.
La asignación se hará con base en el respaldo obtenido en las urnas dentro de cada región, y posteriormente se distribuirán los espacios conforme al número total de diputaciones de representación proporcional que le correspondan a cada partido según su votación nacional.
La integración de estas curules no se realizará de manera aislada.
La reforma establece que el proceso será alternado con el primer bloque de 100 diputaciones, conformado por las y los candidatos que, sin haber ganado su distrito, obtuvieron los mayores porcentajes de votación para su partido.
Una vez determinado cuántas diputaciones corresponden a cada fuerza política, la autoridad electoral construirá la lista final intercalando ambos criterios: primero una candidatura del bloque de mejores porcentajes distritales y después una del bloque de votación por circunscripción, y así sucesivamente hasta completar la asignación.
El modelo no contempla una boleta adicional. La ciudadanía seguirá votando en la elección federal ordinaria y el número de espacios por partido se definirá conforme al principio de representación proporcional.
La diferencia radica en que la integración de las listas dejará de depender de un orden fijo determinado por las dirigencias partidistas antes de la elección y se construirá a partir de los porcentajes reales obtenidos por cada candidatura.
Pluris, un reto para partidos minoritarios
El nuevo sistema para repartir las 200 diputaciones de representación proporcional intensificará la lucha de las candidaturas al interior de un mismo partido, al eliminar las listas de las cúpulas partidistas y orillarlos a un mejor desempeño en las urnas, señalaron exconsejeros y especialistas electorales consultados por La Silla Rota.
Coincidieron en que eliminar la representación del Senado sí representa una pérdida de espacios para las fuerzas políticas de minoría. Mientras que en la Cámara de Diputados, al mantenerse la misma fórmula de asignación, la distribución de las fuerzas políticas sería simular si se mantiene la tendencia de votación de la elección pasada.
El exconsejero electoral Arturo Sánchez, sostuvo que este modelo genera una mayor competencia al interior de los partidos y entre las propias candidaturas, pues tendrán que buscar el porcentaje más alto de votos para obtener el segundo lugar.
Sin embargo, se mantiene la fórmula para determinar a cuántos plurinominales tendrá acceso cada partido, por lo que no se puede asegurar si esto beneficiará al partido mayoritario, en este caso, Morena. Aunque aún falta conocer los detalles de la legislación secundaria.
Una reforma “diluida pero regresiva”
Integralia describe la propuesta como una reforma diluida, ya que no es tan radical como los anteriores planes “A” y “B” de 2022, pero advierte que el conjunto de cambios propuestos genera un riesgo alto de inequidad que favorece directamente al partido en el poder.
Entre los puntos de mayor alerta destacados en el documento se encuentran:
- Favorecimiento a la fuerza gobernante: Se propone reducir el financiamiento público y el tiempo en radio y televisión para los partidos, lo cual, en un contexto de hegemonía de Morena, limita las capacidades de la oposición para competir en igualdad de condiciones
- Intervención gubernamental: La reforma permitiría que tanto partidos como gobiernos promuevan consultas populares y procesos de revocación de mandato, eliminando restricciones que antes garantizaban la imparcialidad
- Riesgos operativos y vacíos legales: La iniciativa es general y deja muchos detalles para las leyes secundarias, lo que genera incertidumbre
Además, mantener la elección judicial en la misma fecha que otras elecciones federales representa un gran riesgo operativo para el INE y una saturación informativa para el votante
- Omisiones críticas: El documento señala que la propuesta ignora temas urgentes, como mecanismos para frenar la intromisión del crimen organizado en las elecciones y la regulación de la sobrerrepresentación en el Congreso
- Legislación en “fast track”: Los plazos establecidos obligarían a una aprobación acelerada para mayo de 2026, lo que anula cualquier posibilidad de negociación parlamentaria real con todas las fuerzas políticas