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La Nación

Denuncian ‘obstaculización sistemática’ de la FGR en el caso del Tren Interoceánico

Uno de los testimonios centrales fue el de Juan Manuel Iglesias, víctima del accidente, quien tuvo que costear su propio traslado desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México ante la falta de atención en su localidad.

Ciudad de México.- Abogados de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, denunciaron públicamente que funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) han bloqueado de manera constante el acceso a las investigaciones y el reconocimiento legal de los afectados.

En una conferencia de prensa, el equipo legal señaló que, a pesar de haber presentado una querella formal el 5 de enero de 2026, las autoridades ignoran los plazos legales para informar sobre el estatus del caso. Incluso, aseguraron que agentes del Ministerio Público negaron la calidad de víctimas a los promoventes bajo el argumento de que no existía una denuncia previa, a pesar de contar con los acuses de recibo correspondientes.

Uno de los testimonios centrales fue el de Juan Manuel Iglesias, víctima del accidente, quien tuvo que costear su propio traslado desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México ante la falta de atención en su localidad.

Iglesias reveló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) intentó contactarlo para ofrecerle una solución, pero bajo la condición de que prescindiera de sus abogados particulares, propuesta que fue rechazada por la defensa.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN DISPUTA 

La defensa criticó que la FGR centre sus indagatorias exclusivamente en la hipótesis de exceso de velocidad por parte de los conductores. Los abogados exigen que se abran nuevas líneas de investigación que incluyan:

• El estado del mantenimiento de las vías.
 La calidad de la construcción y el material rodante.
 Presuntas irregularidades en contratos, señaladas previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A pesar de haber enviado más de 20 escritos a diversas instancias, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) y directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los representantes legales afirmaron que no han recibido respuesta alguna tras más de 40 días de gestiones.

Con información de La Razón

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