Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a Javier Duarte en una nueva imputación por un presunto desvío de 5 millones de pesos
Ciudad de México.- Un juez federal impuso prisión preventiva justificada aJavier Duarte en una nueva imputación por un presunto desvío de 5 millones de pesos, lo que pone en riesgo su salida del Reclusorio Norte prevista para el 15 de abril, fecha en que tenía programado salir del Reclusorio Norte, tras cumplir los 9 años de su condena original.
Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que existe el riesgo de que el ex Gobernador de Veracruz vuelva a darse a la fuga en este nuevo procedimiento penal, ante el antecedente de haber huido a Guatemala en 2016.
El impartidor de justicia también consideró que otro aliciente para darse a la fuga es la pena que podría recibir por el delito de peculado, la cual sería de 2 a 14 años de prisión.
“Las cuestiones políticas escapan del alcance de este juzgador, no resuelvo cuestiones políticas, sino en base a datos objetivos que permiten establecer que hubo un momento en octubre de 2016 en que se usó un helicóptero y escapó a Guatemala”, dijo el juez, al resolver la medida cautelar, luego de que Duarte alegara que había un interés político por mantenerlo preso.
“El dato objetivo es que usted fue detenido en Guatemala y hubo necesidad de traerlo a México con una orden de detención provisional con fines de extradición; además, la pena de 2 a 14 años de prisión, cuya media aritmética es de 8 años de prisión, es una pena elevada y aliciente para evadirse de la justicia”.
Si bien la defensa del ex mandatario, encabezada por Diego Uriza y Jimena Martinez, alegó que no existía ninguna necesidad de cautela, porque estaba preso y eso garantizaba su comparecencia en la nueva causa penal, Aquiles Villaseñor dijo que este asunto es adicional, independiente y autónomo del que lo mantiene tras las rejas y debía pronunciarse al respecto.
El próximo 15 de abril Duarte cumplirá los 9 años de prisión a los que fue sentenciado, tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La imposición de la prisión preventiva justificada compromete su liberación en esa fecha, pues ahora solo tiene tres posibilidades para salir del Reclusorio Norte en esa fecha.
Una de ellas es que el próximo martes a las 10:00 horas, fecha en que se resolverá su situación jurídica, el juez Aquiles dicte la no vinculación a proceso.
La otra es que, en caso de ser procesado, en esa misma audiencia el impartidor de justicia cambie de opinión y le conceda la libertad provisional.
La última posibilidad es que antes del 15 de abril se lleve a cabo una nueva audiencia de cambio de medida cautelar. De no conseguirlo, se quedará en la carcel más de los 9 años de su condena.
Desvío y grupos vulnerables
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC)imputó a Javier Duarte de haber desviado en el 2012 un total de 5 millones de pesos que estaban destinados a casas hogar de grupos vulnerables en Veracruz.
Se trata de recursos que aportó el Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS).
De acuerdo con la Fiscalía, el Fondo aportó 10 millones de pesos al Gobierno de Veracruz para que se entregaran a la Casa Hogar del Adulto Mayor “Mariana Sáyago” de Xalapa y la Casa Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” en Boca del Río, pero solo destinó la mitad de los recursos para esos fines y de la otra se desconoce su destino.
Durante la audiencia, los fiscales expusieron 38 datos de prueba contra Duarte y relataron que el antecedente de este caso son los convenios marco suscritos el 2 de diciembre de 2010 y 15 de abril de 2011 por el Gobierno de Veracruz y la Secretaría de Salud federal.
Poco después, el 19 de diciembre se 2011 Duarte publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto 411, en el que instruyó al entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan), Tomás Ruiz, determinar los pasivos contingentes y priorizar los recursos de libre aplicación a los rubros de educación, salud, seguridad pública y pago de nómina.
El 2 de julio de 2012, la Secretaría de Salud federal y la Sefiplan firmaron un convenio específico que daría pie a las aportaciones federales para proyectos específicos en este rubro.
Precisamente, el 17 de septiembre de ese año la Tesofe depósitó 10 millones de pesos a una cuenta del Gobierno de Veracruz que fue abierta por la Sefiplan en Banco Santander.
El 3 de octubre siguiente desde esta cuenta se transfirieron 9.5 millones de pesos a una cuenta concentradora del gobierno estatal en BBVA Bancomer.
Al día siguiente, desde la cuenta concentradora se transfirieron 9.5 millones de pesos y 10 mil pesos a otra en Santander, también del gobierno estatal.
Está ultima traspasó 5 millones de pesos a una cuenta de HSBC a nombre de Servicios de Salud de Veracruz, la cual era la responsable de ejecutar los recursos en las casas hogar.
De acuerdo con la FGR, el desvío ocurrió cuando la cuenta de Santander regresó 5 millones de pesos a la concentradora de BBVA.
El destino de estos últimos se desconoce. Solo se sabe que no fueron ejercidos en favor de los grupos vulnerables y que no fueron reintegrados a la Tesofe.
El 27 de noviembre de 2014, según los fiscales, fue cancelada la cuenta de BBVA, la cual no estaba habilitada para recibir las aportaciones federales
Entre las pruebas exhibidas por la FGR, están una declaración rendida por Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Veracruz y hoy testigo colaborador de la FGR, quien manifestó que este tipo movimientos eran una política habitual conocida como “barrido de cuentas”, implementada para hacer perder el rastro de los recursos y que estaba previamente acordada por el gobernador y el titular de la Sefiplan, Gabriel Deantes.
De acuerdo con este testimonio, leído durante la diligencia, los fondos federales, estatales y de recaudación se juntaban en la cuenta concentradora y enseguida se hacía una compulsa para cubrir las obligaciones del gobierno.
Por ejemplo, lo destinaban al pago de nómina, pensiones, medios de comunicación, proveedores y pagos de dinero en efectivo “fuera de presupuesto”.
El juez Aquiles Villaseñor ordenó a la FGR hacer comparecer a Abdalá el próximo lunes, para que sea entrevistado por la defensa de Duarte y precisó que, en caso de no presentarse, le instruyó a la dependencia emplear el uso de la fuerza pública para llevarlo a rendir su testimonio.
El ex tesorero veracruzano se encuentra prófugo de la justicia, según información vertida en la audiencia.