El proceso involucra al otrora poderoso cardenal Angelo Becciu y a otros ocho acusados, condenados en 2023 por diversos delitos financieros.
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El Vaticano reanudó este martes la fase de apelaciones del llamado “juicio del siglo”, un proceso emblemático sobre corrupción financiera que vuelve a escena tras dos reveses embarazosos para la fiscalía del papa y que podrían incidir de manera decisiva en el desenlace del caso.
El proceso involucra al otrora poderoso cardenal Angelo Becciu y a otros ocho acusados, condenados en 2023 por diversos delitos financieros luego de un juicio de dos años. Sin embargo, el Alto Tribunal de Casación del Vaticano confirmó recientemente la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación presentada por los fiscales. Con ello, los acusados solo podrían ver mejoradas —o incluso anuladas— sus sentencias.
FISCAL JEFE DEL VATICANO ABANDONA EL CASO
El mismo día del fallo, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, abandonó abruptamente el caso tras meses de objeciones, evitando así la posibilidad de que la Casación ordenara su destitución.
La controversia gira en torno a su participación en una serie de chats de WhatsApp que han puesto en entredicho la credibilidad del proceso. Los mensajes, conocidos públicamente, documentan un presunto esfuerzo prolongado para dirigir la investigación contra Becciu y sugieren conductas cuestionables por parte de la policía vaticana, la fiscalía e incluso del propio papa Francisco.
Abogados defensores sostuvieron que esos intercambios evidencian falta de imparcialidad en el manejo de pruebas y testigos, argumento que Diddi calificó de “infundado”. Aun así, decidió recusarse “para evitar que insinuaciones y falsedades” dañaran el proceso. De haber prosperado una resolución adversa en Casación, el juicio entero podría haber sido declarado nulo. Por ahora, el tribunal de apelaciones consideró válidas las actuaciones del fiscal, pese a su posterior recusación.
LA INVERSIÓN EN LONDRES
El juicio se originó en 2021 por la inversión de la Santa Sede de 350 millones de euros en una propiedad en Londres. La fiscalía alegó que intermediarios y altos funcionarios del Vaticano estafaron a la institución mediante comisiones millonarias y luego la extorsionaron para ceder el control del inmueble. De esa investigación se desprendieron dos líneas principales que condujeron a la condena de Becciu por malversación, con una sentencia de cinco años y medio de prisión, además de penas contra otros ocho acusados por delitos como abuso de poder y fraude.
Todos los implicados han sostenido su inocencia y apelaron. Los fiscales también recurrieron el fallo al considerar que el tribunal desestimó su tesis de una gran conspiración, limitándose a condenas por cargos secundarios. No obstante, su apelación fue rechazada por carecer de la “especificidad” exigida por la ley, un error procesal que la Casación se negó a subsanar en su decisión del 9 de enero.
EL PAPEL DEL PAPA, BAJO LA LUPA
Las apelaciones avanzan ahora sobre otros argumentos de la defensa, con especial atención al papel del papa Francisco en la investigación. Durante el juicio, los abogados alegaron que no podía haber un proceso justo en una monarquía absoluta donde el pontífice concentra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los ejerció directamente durante la investigación.
En el centro de la polémica están cuatro decretos ejecutivos secretos firmados por Francisco en 2019 y 2020, que otorgaron a los fiscales amplias facultades, como el uso irrestricto de escuchas telefónicas y la posibilidad de apartarse de leyes vigentes. Los decretos, nunca publicados oficialmente, salieron a la luz poco antes del juicio y carecían de justificación, plazos o supervisión judicial independiente.
Académicos del derecho han advertido que el carácter secreto y ad hoc de estas medidas vulnera el principio de “igualdad de armas” y el derecho a un juicio justo, al dejar a la defensa sin conocimiento de los poderes extraordinarios de la acusación. Incluso funcionarios legales del Vaticano han reconocido en privado que la falta de publicación fue profundamente problemática.
Aunque el tribunal sostuvo inicialmente que no hubo violación del principio de legalidad porque el papa “hace las leyes”, el dilema persiste: según el derecho canónico, el pontífice no puede ser juzgado por nadie más que por Dios, pero tampoco puede promulgar normas que vulneren derechos fundamentales. Si la corte de apelaciones concluyera que esos decretos violaron garantías básicas, el caso podría enfrentar consecuencias inéditas.
Por ahora, el Vaticano insiste en que todos los acusados recibieron un juicio justo. El “juicio del siglo”, sin embargo, vuelve a abrir un debate profundo sobre transparencia, legalidad y poder en el corazón de la Santa Sede.
Con información de AP