La UIF incluyó a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a 39 personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncia ante la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, junto con otras 24 personas físicas y 15 empresas, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción ligada a contratos de materiales y servicios electorales.
De acuerdo con información confirmada por MILENIO, entre los 40 implicados figura Taddei, así como la red de empresas del proveedor Alfredo Hernández Casillas, señalado como uno de los actores centrales de la trama. Los involucrados encabezarían un esquema de adjudicaciones irregulares dentro del órgano electoral.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la UIF, informó que tras los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones se determinó incorporar a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales. La dependencia explicó que detectó operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes.
La UIF precisó que la inclusión en dicha lista es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Subrayó que las personas incluidas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia que establece la legislación aplicable.
Además del bloqueo, la unidad presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos detectados.
En el mismo posicionamiento, la UIF reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con otras instancias. Asimismo, recalcó que en todo momento se garantizará el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
El caso se perfila como uno de los más relevantes en materia de fiscalización de recursos dentro del sistema electoral mexicano, por el nivel de los implicados y por el número de empresas vinculadas. Se espera que la FGR defina en los próximos días el rumbo de las indagatorias y si solicitará órdenes de aprehensión u otras medidas contra los señalados.