El Tribunal Electoral de Baja California deberá atender las quejas contra la designación de Manuel Cota, y la Sala Regional Guadalajara atender el juicio contra Julieta Ramírez.
La Sala Superior del Tribunal Electoral reencauzó las impugnaciones contra la decisión de Morena de designar a Julieta Ramírez y a Manuel Cota como sus eventuales perfiles para las gubernaturas de Baja California y Baja California Sur, para que sean las autoridades locales las que resuelvan.
La la diputada federal con licencia Evangelina Moreno fue la primera en elevar la inconformidad por una designación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, por el de Julieta Ramírez; y en el de Manuel Cota, la queja la interpuso la militante Estefani Briseth Torres Pérez.
En sesión privada, la Sala Superior determinó que el juicio contra Julieta Ramírez tendrá que analizar la Sala Regional Guadalajara, empezando por determinar la petición de la legisladora de saltarse la instancia del Tribunal Electoral local; y la impugnación contra el nombramiento de Manuel Cota le corresponderá al Tribunal Electoral de Baja California Sur.
Acusan alteración de resultados para favorecer a Julieta Ramírez
La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra, también aspirante a la gubernatura de Baja California acusó al partido de haber alterado los resultados para favorecer a Julieta Ramírez.
En su impugnación, alegó “la indebida entrega de la constancia como coordinadora estatal de Morena de la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Baja California en favor de Julieta Ramírez Padilla, así como diversos actos relacionados con la organización y ejecución de la encuesta interna, entre ellos, la alteración y variación de los resultados, la negativa de hacerlos públicos, la omisión de fundar y motivar la metodología empleada, así como la vulneración a los principios de paridad y equidad, derivada de la exclusión de la parte actora de la encuesta final”.
Con un proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el pleno decidió que “la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la primera circunscripción plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco es la autoridad competente para conocer y resolver el juicio de la ciudadanía y pronunciarse sobre el salto de instancia”.
La diputada pidió que lo viera directamente el Tribunal Electoral federal y no el local, lo que deberá resolver la Sala Regional, es decir, podría también ordenar un reencauzamiento para esa autoridad o resolverlo directamente.
En este caso, además, la mayoría de las denuncias ya quedarían sin materia, pues su principal inconformidad es que no se hicieron públicas la encuestas, lo que Morena cumplió desde el pasado 29 de septiembre.
Simpatizantes señalan a Morena de ignorar denuncias contra Manuel Cota
En el caso del diputado federal del Partido Verde, Manuel Cota, una militante denunció la “omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver diversas quejas presentadas con motivo del proceso de designación de la persona coordinadora del Comité de defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur, así como la designación de Manuel Cota Cárdenas como coordinador del referido comité”.
Se resolvió reencauzar la demanda al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en caso de esta inconforme, la militante podrá impugnar ante la Sala Regional Guadalajara y en última instancia, ante la Sala Superior.
Magistrado insiste: no deben ser autoridades locales las que resuelvan
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón insistió en su postura solitaria, de que las quejas en contra de las designaciones que ha realizado Morena no deben analizarse por separado en cada entidad, sino como una estrategia nacional que el partido suele encabezar para ponerle otro nombre a sus eventuales candidaturas.
“La competencia para conocer una impugnación no debe definirse por el nombre que un partido dé a sus procesos internos, sino por la función electoral que dichos procedimientos cumplen dentro del sistema de postulación de candidaturas”, insistió.
En su voto particular, sostuvo que “a mi juicio, el asunto guarda una relación material e inmediata con el procedimiento interno mediante el cual Morena define a quién podría encabezar posteriormente su estrategia político-electoral en la entidad. Por ello, consideré que no podía analizarse únicamente como un simple proceso interno de organización partidista estatal sin vínculo con una candidatura”.
Destacó que Morena no actúa de manera diferenciada por entidad, sino que, “por el contrario, su diseño, finalidad y efectos, evidencian que constituye el mecanismo mediante el cual el partido define anticipadamente a quien encabezará su estrategia político-electoral en la entidad y que, se proyecta como la eventual candidatura a la gubernatura”, coincidiendo en este proceso, con las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.
“Desde mi perspectiva, considero que la competencia debía definirse atendiendo a la relación material del procedimiento con la definición interna de una candidatura a la gubernatura en Baja california Sur. En consecuencia, la Sala Superior era la autoridad competente para conocer originalmente el juicio.
“Aceptar una interpretación distinta permitiría que la distribución constitucional de competencias dependiera exclusivamente de la forma en que cada partido decida nombrar sus procesos internos o del momento en que opte por iniciarlos”.
Sin embargo, sólo con su voto en contra, el resto del pleno refrendó el criterio que ya había optado en sesiones públicas previas respecto a que es cada autoridad local la que debe analizar las impugnaciones particulares de cada nombramiento.