El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos de Baja California Sur (FONMAR) analiza una propuesta para establecer un cobro de 32 pesos relacionado con la pesca de orilla en la entidad, planteamiento, expuesto por el titular de la dependencia Martín Inzunza Tamayo.
El cobro estaría enfocado en quienes participan en torneos realizados desde playas y zonas costeras.
La medida tomaría como referencia el derecho estatal que actualmente se aplica a la pesca deportiva, sin embargo, todavía no se ha establecido si el pago sería obligatorio para toda persona que practique pesca desde la orilla o únicamente para los participantes en competencias y torneos.
Tampoco se ha definido la forma en que se aplicaría el cobro, la duración del permiso, los requisitos que tendrían los usuarios ni la autoridad que tendría facultades para recibir los recursos.
Inzunza Tamayo señaló que antes de avanzar con la propuesta se buscará dialogar con pescadores y otros sectores involucrados para revisar su viabilidad.
Uno de los puntos que deberá resolverse es la jurisdicción de las zonas donde se desarrolla esta actividad.
El director de FONMAR indicó que la pesca de orilla se realiza en espacios de zona federal que mantienen esquemas de administración vinculados con los municipios y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que será necesario definir quién tendría competencia para establecer y cobrar el derecho.
La intención planteada por FONMAR es que el Gobierno de Baja California Sur pueda aplicar el pago bajo un esquema similar al que ya opera para la pesca deportiva.
El funcionario señaló que el monto considerado es de 32 pesos, aunque la propuesta todavía se encuentra en etapa de “análisis y consenso”.
El Artículo 72 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentablesestablece que la pesca para consumo doméstico realizada por residentes de riberas y costas puede efectuarse sin concesión ni permiso.
Por ahora, FONMAR no ha informado una fecha para la posible aplicación del cobro pues la propuesta deberá pasar por una revisión con los sectores involucrados y por el análisis de las facultades legales y administrativas.