En un claro despliegue de protección política hacia la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y el bloque de mandatarios estatales de Morena, enfocaron sus esfuerzos en defender un asunto estrictamente particular: la cancelación de la visa estadounidense de Andrés López Beltrán.
A través de una carta abierta dirigida al pueblo de México, los gobernadores oficialistas arremetieron contra el gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. El documento muestra la rúbrica del mandatario sudcaliforniano y sus homólogos, quienes optaron por elevar el retiro de un documento migratorio personal a una supuesta afrenta contra el país.
En la misiva, los firmantes recurren a la desgastada retórica de la “injerencia extranjera” y aseguran que defenderán la “soberanía nacional”, intentando equiparar el derecho soberano que tiene el gobierno de Estados Unidos de decidir quién ingresa a su territorio, con un ataque a las instituciones mexicanas. Fieles al discurso de polarización, los mandatarios estatales concluyen su defensa de López Beltrán sentenciando que “a los traidores a la patria siempre los juzga la historia”, evadiendo cuestionar los motivos reales detrás de las sanciones de Washington.
El berrinche diplomático: la rabieta de “Andy” por su visa
La movilización de los gobernadores surge como un eco directo a la molestia pública de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”. A mediados de agosto de 2026, el hijo del expresidente hizo público que el gobierno estadounidense le había revocado su visa, lo que desató una serie de descalificaciones por parte del exmandatario y su círculo cercano.
En lugar de transparentar la situación, López Beltrán optó por el victimismo. Publicó una carta dirigida a Donald Trump donde, con un tono exagerado, tachó la medida migratoria como un acto “politiquero” y la comparó con procedimientos “al estilo hitleriano”.
En su misiva, responsabilizó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y lanzó ataques personales contra el subsecretario Christopher Landau, a quien bautizó despectivamente como “el quita visa”.
Aunque López Beltrán aseguró que Estados Unidos no tiene pruebas de actos “inmorales o delictivos” de su parte y acusó a los diplomáticos vecinos de operar como una “pandilla” de espionaje, la realidad es que el retiro de su visa no es un hecho aislado.
“Andy” forma parte de una lista cada vez más amplia de políticos y figuras vinculadas al oficialismo —incluyendo alcaldes y legisladores— que han perdido su derecho de ingreso a Estados Unidos recientemente.
Mientras las autoridades estadounidenses endurecen sus filtros por razones que suelen vincularse a investigaciones de corrupción o nexos irregulares, gobernadores como Víctor Manuel Castro Cosío prefieren utilizar la investidura de sus estados para fungir como abogados de oficio de la familia presidencial, dejando en segundo plano las urgentes necesidades de los ciudadanos que gobiernan.
