Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya, salió de prisión de Brooklyn, en Estados Unidos; desde el pasado 11 de agosto, situación que le abriría la posibilidad de negociar como colaborador.
La ficha pública de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), correspondiente al registro 62685-512, confirmó que el exfuncionario dejó de estar bajo la responsabilidad directa de dicha agencia desde el 11 de agosto.
Aunque el cambio de estatus no confirma su liberación automática, las autoridades del sistema de justicia de Estados Unidos precisan que cuando un detenido sale del BOP suele obedecer a distintas modalidades:
- Traslado a otra instalación bajo responsabilidad de una institución judicial distinta.
- Ingreso a un esquema de libertad supervisada o custodia preventiva especial.
- Apertura de negociaciones para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía.
Mérida Sánchez permaneció alrededor de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades en Arizona el 11 de mayo.
Una audiencia previa fijada para el cuatro de agosto por la jueza Katherine Polk Failla fue aplazada de manera indefinida.
¿De qué cargos acusan al exsecretario de Seguridad de Sinaloa?
El exmandatario policial enfrenta un proceso en el Distrito Sur de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y la posesión de armas de fuego. Las investigaciones estadounidenses lo señalan por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Según la acusación formal de Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez
“habría recibido sobornos para proporcionar información anticipada sobre operativos policiales, lo que presuntamente permitía a integrantes de esa organización retirar drogas y equipo antes de los cateos”.
De ser hallado culpable sin un acuerdo, enfrenta una sentencia de hasta 40 años de prisión.
La causa penal contra el exsecretario forma parte de un expediente de mayor escala promovido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación abarca a servidores y exservidores públicos de la entidad, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, además de Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la red de protección oficial facilitó las actividades del crimen organizado, señalamientos que los involucrados han rechazado.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) en México ha solicitado información para verificar la validez de las imputaciones vertidas en el tribunal neoyorquino.
(Con información de Infobae)