Baja California Sur acumuló 47 denuncias por corrupción de menores durante el primer semestre del año, tras sumar 7 nuevos casos en junio
La Paz, Baja California Sur (BCS). La incidencia de corrupción de menores en Baja California Sur registró 7 nuevos casos durante junio de este año, de acuerdo con datos oficiales sobre delitos del fuero común. Con estas denuncias, la entidad alcanzó un acumulado de 47 carpetas de investigación relacionadas con este ilícito en los primeros seis meses del año.
Las estadísticas muestran que enero fue el mes con 10 casos reportados, mientras que febrero cerró con 7. Posteriormente, marzo registró 9 denuncias, abril contabilizó 3 y mayo concentró 11 investigaciones, convirtiéndose en el periodo con la cifra más alta del semestre. En junio se añadieron otros siete expedientes.
El balance semestral refleja un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2025 se contabilizaron 41 denuncias por corrupción de menores entre enero y junio. En ese entonces se reportaron 7 casos en enero, 8 en febrero, nueve en marzo, 6 en abril, 5 en mayo y 6 durante junio.
La legislación contempla como corrupción de menores aquellas conductas mediante las cuales se obliga,induce o facilita que personas menores de 18 años participen o presencien actividades como prostitución, consumo de sustancias ilícitas, ebriedad, prácticas sexuales, actos lascivos o hechos constitutivos de delito. También se considera este delito cuando las víctimas son personas que no pueden comprender el significado de los hechos o carecen de capacidad para resistirse.
Dentro de los delitos agrupados como afectaciones contra la sociedad, las cifras también incluyen los casos de discriminación. Durante el periodo analizado se registraron 58 denuncias por este delito en Baja California Sur. Del total, 14 ocurrieron en abril, 11 tanto en mayo como en junio, nueve en marzo, ocho en febrero y cinco en enero.
Las autoridades precisan que estos registros corresponden a presuntos delitos documentados mediante carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público. La información es integrada y reportada por las fiscalías y procuradurías de justicia del país, instancias encargadas de mantener actualizadas y verificar las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva.