La secretaria de la Contraloría General del Estado, Rosa Buendía, dio a conocer que se mantiene una investigación abierta de servidores públicos del gobierno estatal de cuatro casos por el delito de enriquecimiento ilícito, por posibles sanciones e inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales relacionadas con cuentas bancarias, inversiones, vehículos y otros bienes.
“Es importante resaltar también que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental trabaja de manera coordinada con la unidad de inteligencia financiera. Nos ha permitido detectar operaciones a la información financiera de las personas investigadas, órgano estatal de control” indicó en conferencia de prensa ofrecida este miércoles.
Dijo además que la Auditoría Superior de la Federación desarrolló 21 auditorías notificadas al Ejecutivo del Estado, dividida en tres etapas. La primera, cuyos resultados les fueron entregados el 30 de junio del año 2025, fue respecto de tres auditorías por un monto auditado de 251 millones 983 mil 500 pesos, con un monto por aclarar de 3’256,018 pesos.
A la fecha se tiene solventado un monto de 1 millón 898,518 pesos con 90 centavos, quedando pendiente únicamente 1 millón 357,59 pesos.
En relación a la segunda etapa notificada el 7 de noviembre del año 2025, respecto a 10 auditorías realizadas a la administración central del gobierno del Estado y notificadas al titular del ejecutivo, no tuvo montos por aclarar.
Informó que para la tercera y última etapa, cuya publicación fue el 17 de febrero del año 2026 esta fue de ocho auditorías con una muestra auditada por 6’872,334,100 pesos.
“Tuvo como resultado un monto por aclarar de 27 millones 976,604 pesos, monto que también ha sido atendido dentro del término establecido para ello y nos encontramos en espera de su total solventación”, concluyó.