El gobernador con licencia de Sinaloa afirmó que no tiene protección especial cómo se dijo; senador del PRI evidencia lo contrario.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que enfrenta una campaña mediática tras cumplir 69 días fuera de su cargo debido a una investigación por vínculos con el crimen organizado y narcotráfico.
En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario con licencia aseguró que las acusaciones formuladas por una “oficina” del gobierno de Estados Unidos son falsas. Según su postura, estos señalamientos forman parte de una estrategia impulsada por la ultraderecha que busca restar credibilidad al movimiento de transformación política actual y vulnerar la soberanía del país.
Rocha Moya detalló que solicitó la separación de sus funciones de manera voluntaria para enfrentar las indagatorias sin los beneficios del fuero constitucional. Explicó que durante este periodo compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder las preguntas del Ministerio Público Federal.
Asimismo, desmintió las versiones periodísticas que afirman que cuenta con protección de agentes federales, al sostener que permanece en su domicilio particular en la ciudad de Culiacán.
Sin embargo, sobre la protección al gobernador con licencia, la senadora del PRI Paloma Sánchez evidenció que el domicilio donde presuntamente se encuentra Rocha Moya, está bajo protección de la policía estatal.
“En la Mañanera dicen que el Narcogobernador de Rocha Moya no tiene seguridad federal, pero el Secretario de Seguridad dice que tiene seguridad proporcionada por la policía estatal.
El punto es: ¿por qué tiene seguridad?
Lo que sí es que traía seis camionetas y ahora solo tres de escolta, ¿será porque todos los días le preguntan a la Presidenta?”
Claves del caso Rocha Moya
En la conferencia de prensa de la FGR, las autoridades ministeriales precisaron las condiciones legales del caso:
Indagatoria abierta: La institución investiga a 10 personas, incluido el gobernador con licencia, tras recibir una solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos.
Falta de pruebas: La fiscalía aclaró que, hasta el momento, carece del parámetro probatorio mínimo que exige la legislación de México para ejercer una acción penal contra los implicados.
(Con información de redes sociales)