La Fiscalía Anticorrupción de BCS lo señaló por desviar más de un millón de pesos mediante transferencias bancarias durante casi dos años.
Un exfuncionario de la Secretaría de Salud de Baja California Sur enfrenta un proceso legal por presuntamente desviar recursos públicos. El caso ocurre poco más de dos meses después de que Juan Antonio “N”, exfuncionario del Instituto de Vivienda (INVI), fuera declarado responsable del delito de lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción el exjefe de Tesorería habría utilizado transferencias electrónicas para mover más de un millón de pesos de recursos públicos a cuentas bancarias personales y de otras personas.
¿Cómo habría desviado más de un millón de pesos un exfuncionario de Salud en Baja California Sur?
La Fiscalía Anticorrupción informó que Rogelio “N”, quien fue jefe del Departamento de Tesorería de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud del estado, fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría aprovechado el acceso que tenía a las herramientas bancarias de la institución para realizar transferencias irregulares.
Según la fiscalía, utilizó un token bancario, un dispositivo que sirve para autorizar operaciones oficiales, para hacer movimientos que aparentaban ser transferencias a cuentas de la propia dependencia.
Sin embargo, el dinero no llegó a las cuentas de la Secretaría de Salud; en cambio, presuntamente fue depositado en una cuenta personal del imputado, así como en cuentas de otras personas y empresas.
Las autoridades señalaron que, mediante este mecanismo, se habrían desviado 1 millón 95 mil 362 pesos con 3 centavos.
La fiscalía indicó que las pruebas reunidas durante la investigación fueron suficientes para que una jueza de Control en La Paz determinara vincular a proceso a Rogelio “N”, conforme al Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos.
Además de este caso, otro exfuncionario también enfrenta señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, se trata de Juan Ignacio “N”, quien se desempeñó como director general de Informática, un área adscrita a la Secretaría de Finanzas.
¿Qué descubrió la investigación sobre el periodo de desvío y las operaciones del exfuncionario de Salud en Baja California Sur?
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el análisis de las operaciones realizadas en el sistema financiero identificó 30 transferencias presuntamente irregulares, hechas entre el 8 de diciembre de 2022 y el 8 de noviembre de 2024.
Según las autoridades, durante ese periodo el entonces jefe de Tesorería habría realizado transferencias de forma constante desde las cuentas de la SSA y del Instituto de Servicios de Salud señalan que:
- Se identificaron 30 transferencias presuntamente irregulares.
- El dinero salió de cuentas de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud del Estado
- Los recursos fueron enviados a cuentas bancarias de particulares y empresas, en lugar de permanecer en las cuentas de la institución.
La Fiscalía Anticorrupción informó que la investigación continúa y que no concluye con la vinculación a proceso de Rogelio “N”.
Las autoridades siguen revisando la información para identificar a otras personas que presuntamente recibieron parte de los recursos públicos.
La dependencia aseguró que, si se determina la participación de más personas en el presunto desvío de dinero, también serán investigadas y, en su caso, presentadas ante la justicia.
¿Qué medidas legales enfrenta el exfuncionario de Salud en Baja California Sur tras ser vinculado a proceso?
Tras la audiencia realizada este miércoles en La Paz, una jueza de Control impuso medidas cautelares para que el proceso penal continúe mientras se desarrolla la investigación.
Como parte de estas medidas, Rogelio “N” no podrá salir del estado sin autorización judicial y tampoco podrá acercarse a las instalaciones de las dependencias de salud estatales donde anteriormente desempeñó sus funciones.
La vinculación a proceso no significa que el exfuncionario haya sido declarado culpable; de acuerdo con la ley, se presume su inocencia hasta que un juez emita una sentencia al concluir el juicio.
La fiscalía informó que continuará investigando este tipo de casos y recordó que la ciudadanía puede presentar denuncias anónimas sobre posibles actos de corrupción a través de la plataforma digital habilitada para ese fin.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos destinados a los servicios de salud.
Este no es el único caso en el que un funcionario ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. En abril, la alcaldesa Milena Quiroga Romero fue señalada públicamente por presuntos vínculos con una supuesta red ilegal de distribución de agua.