Diputada propone crear Procuraduría de Protección Animal para atender denuncias, sancionar maltrato y fortalecer políticas públicas
La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el objetivo de crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Animales en Baja California Sur. La propuesta busca fortalecer la atención institucional a los casos de maltrato y crueldad animal.
De acuerdo con el planteamiento, la nueva fiscalía tendría la responsabilidad de recibir denuncias, investigar posibles delitos y coordinar acciones con autoridades de los tres niveles de gobierno. Además, se contempla fomentar la participación de la ciudadanía, así como la colaboración con instituciones académicas, colegios de médicos veterinarios y organizaciones dedicadas a la protección animal.
Durante la presentación, la legisladora subrayó la necesidad de contar con mecanismos más sólidos para enfrentar estos hechos. “El reconocimiento de los animales como seres sintientes exige mecanismos institucionales eficaces para prevenir, investigar y sancionar actos de crueldad y maltrato”, señaló en tribuna.
La iniciativa también considera la capacitación constante del personal, la implementación de protocolos especializados y la generación de informes públicos semestrales. Estas acciones estarían orientadas a mejorar la prevención y a promover una cultura basada en el respeto y el bienestar animal en la entidad.
Olivas Parra explicó que, aunque los delitos contra animales ya se encuentran tipificados en la legislación estatal, su atención requiere mayor especialización y recursos. En ese sentido, indicó que el propósito es construir una procuración de justicia más accesible y eficiente frente a la demanda social.
Finalmente, la diputada afirmó que esta propuesta busca combatir la impunidad en estos casos y reforzar la protección de la vida animal en todas sus formas, mediante una estructura institucional dedicada exclusivamente a este tipo de delitos.